Con cerca de 12,000 firmas, las comunidad de ciencia y tecnología entrega una carta al presidente López Obrador en demanda de mejores condiciones, respeto y, sobre todo, entendimiento de la importancia de esta actividad para el país.
Este jueves 18 de julio por la mañana, un grupo de investigadores de diversas instituciones de educación superior e investigación entrega en Palacio Nacional en demanda de condiciones adecuadas para realizar ciencia y desarrollar tecnología y de un trato respetuoso en el que no se vea a quienes han estado desarrollando estas actividades como “como partícipes y beneficiarios de excesos, corrupción y despilfarro de recursos públicos”. La carta tenía, en la noche del miércoles 17, en el sitio change.org, 11,750 firmas.
Las quejas sobre estos temas han aparecido en diversas ocasiones a los largo de los últimos meses; en especial desde que, a principios de año, la senadora Ana Lilia Rivera hizo una propuesta de ley que a la gran mayoría de los investigadores les pareció poco adecuada, por decir lo menos, y de que la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la doctora María Elena Álvarez-Buylla, anunciara que condicionaría los fondos mixtos para proyectos estatales (Fomix) y la entrega de recursos para proyectos de ciencia básica que habían sido aprobados por la administración anterior. También ha habido recortes al presupuesto en Ciencia y Tecnología.
Un punto álgido en la discusión se dio a finales de mayo cuando se dictaminó que los investigadores de centros dependientes del gobierno federal deberían tener la aprobación, firmada de puño y letra, del presidente para viajar al extranjero para asistir a cursos, estancias o congresos.
Para la doctora Gabriela Dutrénit, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y una de las integrantes de la iniciativa Pro Ciencia, Educación Humanidades y Tecnología (@ProCienciaMx) que va a entregar la carta, dice que en esta ocasión espera que se haga caso de la carta por el número de firmas y porque la iniciativa está integrada por profesionales de muchas diversas instituciones de investigación y de salud pública.
Por su parte, la doctora Lorenza González Mariscal, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav) y otra de las integrantes de #ProCienciaMx coincide con esta opinión pero agrega:
“Porque nunca es tarde para reflexionar y darse cuenta de que lo que se está pidiendo es justo… que se vea que la comunidad científica se siente agraviada y que está en una situación crítica nunca antes vista”.
La expresión “nunca antes vista” puede parecer exagerada, en especial si es dicha sobre un gremio que tiene demandas que pueden calificarse de ancestrales; como, por ejemplo, que se destine el 1% de Producto Interno Bruto a la ciencia, lo cual está hasta en la ley desde 2002 y a la fecha no se ha cumplido.
Pero no es exagerada, entre los recortes al presupuesto en ciencia y tecnología y las políticas que coartan la autonomía y la libertad de investigación, los problemas del sistema de ciencia, tecnología e innovación mexicano se han agudizado y llegado, efectivamente, a una situación nunca antes vista.
“Por ejemplo, -dice la doctora González Mariscal- los que trabajamos en gobierno federal desde hace mucho que no tenemos la partida 5,000, que es la que permite hacer compras de equipo. Esto implica que nuestros equipos ya están viejos y obsoletos, y los que todavía funcionan, lo hacen con alfileres”.
Sin fondos como ese y sin los apoyos de Conacyt, los laboratorios se han quedado sin recursos. “El Cinvestav paga los salarios y los servicios como agua, teléfono y electricidad, y apenas le alcanza con los fondos que recibe. Es más, hace tiempo que tiene que pedir a la SEP dinero extra, (con su presupuesto) no le alcanza ni para operar de esta manera”, continúa la doctora González.
La carta, dirigida a los poderes ejecutivo y legislativo hace diez solicitudes, entre las que se encuentran, por ejemplo: “Asegurar recursos para el sector salud que permitan atender las apremiantes necesidades de nuestra sociedad en esta materia, incluyendo el respaldo a la labor fundamental de los Institutos Nacionales de Salud” y “Garantizar y respetar la autonomía constitucional de las universidades públicas”.
Es decir, solicita seguridad y garantías en temas que no tendrían por qué carecer de las mismas.
“Pensamos que con la razón y explicando los argumentos, nuestra postura se puede entender… Porque ¿por qué habría de estar un gobierno peleado con el beneficio de sus ciudadanos? No tiene sentido”, concluye González Mariscal.
