Tres de cada 10 menores mexicanos padece obesidad o tiene sobrepeso. Contra este problema, las autoridades han lanzado campañas de comunicación, instalado bebederos y restringido la venta y la publicidad de comida chatarra; pero estas medidas se estrellan contra su propia ejecución deficiente y un sistema diseñado para engordar.
Kennia Velázquez / Salud con Lupa
Ilustración: Rocío Urtecho
“Esta niña tiene obesidad espantosa, horrible”, dice el alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno a un grupo de infantes y maestros.
Durante su visita a un centro preescolar en el municipio de Ahome, Sinaloa, el alcalde llama a una niña, le pide que se acerque y le pregunta sobre su alimentación. Ella le explica que disfruta comer huevos y golosinas. Entonces Chapman se dirige a la maestra con tono autoritario: “¿Cuál es el problema con esta niña? ¿Sabe usted o no sabe?” La maestra responde que la mamá de la niña le da lo que le pide y a cualquier hora; es hija única y por lo tanto está “sobreprotegida” y “consentida”. Chapman abraza a la menor a la que ha avergonzado frente a las cámaras.
A Guillermo Chapman le sucede lo que a muchos funcionarios públicos en México: no ven la obesidad como un problema de salud pública sino como el resultado de malas decisiones personales. Tal vez por eso, las políticas públicas no han sido atinadas, según revela la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2016 al encontrar que tres de cada 10 niños mexicanos en edad preescolar tienen sobrepeso u obesidad. Y se estima que para 2030, el 40 por ciento de los mexicanos será obeso.
Pareciera que las autoridades no ven como un factor de riesgo para los niños que, a la hora del refrigerio, se vendan en la escuela frituras, golosinas, sopas instantáneas y refrescos. Los niños pueden “almorzar” estos productos por menos del equivalente a un dólar. Pareciera que pocos se cuestionan si es bueno que consuman las populares sopas instantáneas, que contienen la mitad del sodio que debe consumir un adulto por día y son un producto inadecuado para los niños, por más que el empaque diga que llevan pollo, res o camarón.
La primera imagen que los niños y niñas verán al salir de clases son los puestos ambulantes de frituras y dulces, pese a que está prohibido que se instalen frente a las escuelas. Camino a casa, se toparán con anuncios de bebidas y comida chatarra. Y cuando lleguen a su hogar, es probable que encuentren una botella de refresco de cola de dos litros al centro de la mesa, pues la mercadotecnia se encargó de convertirla en símbolo de la unidad familiar.
“Cuando hablas de una epidemia con el 70% de los adultos con sobrepeso u obesidad, tiene que ver con el ambiente. No solo es la suma de malas decisiones personales, sino que el ambiente te lleva a esas decisiones. Es claro que en México vivimos un ambiente obesogénico. Lo más fácil, lo más disponible, lo más asequible son los alimentos y bebidas no saludables”, dice Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor.
Calorías a la mano
Esta realidad conduce a un pronóstico inquietante. Uno de cada dos niños mexicanos nacidos después de 2010 está en riesgo de desarrollar diabetes. Las enfermedades relacionadas al sobrepeso y obesidad le cuestan al sector Salud, del gobierno federal, el 10 por ciento de su presupuesto anual.
Por ello, en 2013, el gobierno de Enrique Peña Nieto presentó la Estrategia para la prevención y el control del sobrepeso, la obesidad y la diabetes. Según cifras oficiales, este plan demandó una inversión de 146,577 millones de pesos entre 2014 y 2018, repartidos en 18 programas. Entre ellos figuran el Programa de Atención a la Salud Pública, el de Agua Limpia y el de Reforma Educativa.
Un componente importante de la estrategia contra la obesidad apunta a alejar de las escuelas la comida chatarra. Es difícil evitar que los niños engorden si en la escuela se calma su apetito con productos que rebosan de azúcar y grasa. En mayo de 2014 se emitió una ley que prohíbe su venta de lunes a jueves, tanto en las instituciones públicas como privadas y en todos los niveles: desde preescolar hasta la universidad. Las bebidas gaseosas quedaron fuera todos los días de la semana.
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La industria no se resignó a perder un mercado de 30 millones de posibles compradores. Los refresqueros dieron la batalla por medio de Corporación del Fuerte, una embotelladora del sistema Coca-Cola, la cual solicitó un amparo para seguir distribuyendo sus productos dentro de las escuelas.
El juez Carlos Alfredo Soto Morales resolvió en contra y señaló que es constitucional restringir la venta de alimentos con alto contenido de azúcares simples, harinas refinadas, grasas o sodio en escuelas de nivel preescolar, primaria, secundaria y media superior. Tiempo después, la resolución fue confirmada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Pese a ello, la venta de bebidas azucaradas y de alimentos poco saludables continúa en las escuelas.
La Secretaría de Salud autorizó la venta de algunos productos que aparecen en un listado de alimentos permitidos. En realidad, se trata de comida chatarra, solo que en tamaños “escolares”; es decir, más pequeños.
En principio, estos productos únicamente se pueden vender en los niveles de secundaria y bachillerato y nada más que los viernes. Sin embargo, no hay evidencia de que se esté vigilando el cumplimiento de esta restricción. Solicitamos información a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Educación y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris): ninguna tenía datos al respecto.
Mientras tanto, la comida chatarra sigue asistiendo a la escuela. Entre 2018 y 2019, El Poder del Consumidor realizó una investigación con una muestra de 4,126 escuelas. Encontró que el 98% vende alimentos chatarra y solo en un 35% se puede encontrar comidas saludables; además, en el 74% se ofrecen refrescos, una cifra mucho mayor que la de las escuelas que cuentan con bebederos de agua potable (56%).
Los hallazgos de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud (SPPS) son menos contundentes, pero también sugieren que las tiendas escolares siguen siendo parte del problema. En respuesta a una solicitud de información presentada por Salud con Lupa, dicha subsecretaría precisó que durante el 2018 se supervisaron 861 escuelas, de las cuales 497 cuentan con alguna tienda o puesto de venta. En el 73% de dichas tiendas se puede comprar agua simple y en el 70%, fruta; sin embargo, al mismo tiempo, los estudiantes se ven tentados con productos que engordan. Uno de cada dos tiendas vende alimentos preparados altos en grasa y en sal.
Según el reporte de la SPPS, el 19% de las tiendas supervisadas expende refrescos. Si bien este porcentaje puede parecer relativamente bajo –es la cuarta parte de lo encontrado por “El Poder del Consumidor”–, no debiera distraernos del dato más revelador de dicho reporte: la insignificante cantidad de escuelas supervisadas. Considerando que en México hay más de 240 mil instituciones educativas, el número de las que fueron supervisadas no llega ni al 0.04 por ciento.
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Dentro de las escuelas hay pocas ganas de cambiar las cosas. Después de todo, las tiendas funcionan como cooperativas y entregan un porcentaje de sus ingresos a la escuela “para mejoras”, un recurso que no es auditado.
Seguimos sedientos
Como las bebidas azucaradas contribuyen al alto índice de obesidad, el gobierno de México ha buscado inhibir su consumo en las escuelas con el Programa Nacional de Bebederos, el cual figura entre los componentes de la reforma educativa del país. Se previó instalar, entre 2015 y 2018, 27 mil dispensadores de agua en escuelas públicas con un presupuesto de 3,455 millones de pesos . Al final, solo se colocaron poco más de la mitad: 16,344 bebederos.
En el camino se incrementaron los costos. En 2016 cada dispensador tenía un precio de 106 mil pesos; para el año siguiente su valor unitario se elevó a 139 mil pesos. La justificación para el aumento fueron las “mejoras realizadas en los sistemas de bebederos”.
Este no es el único problema que ha amargado el sabor del agua en las escuelas. Según se conoció en junio de 2018, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) inspeccionó 150 escuelas de los estados de Nuevo León, Querétaro, Yucatán y Estado de México, y encontró que en 13 centros educativos los bebederos no funcionaban, en 11 había fallas que impedían su buen funcionamiento y en 41 no había documentación que acreditara que se les diera mantenimiento de manera regular.
La ASF pidió que se subsanaran estas fallas, pero su informe no recibió respuesta. El órgano fiscalizador presume daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un monto de 144,807.23 pesos debido al pago a proveedores de servicio que no realizaron el mantenimiento de los bebederos.
En la misma investigación de la ASF se señala que en 2017 solo se instalaron 108 bebederos en lugar de los 8 mil prometidos. En consecuencia, cerca de 23 mil alumnos no contaron “con acceso al agua potable para consumo humano”. Ello vulnera un derecho humano básico y el interés superior del niño, señala el órgano fiscalizador.
Aun cuando existan escuelas que cuenten con bebederos funcionando, no se garantiza que el agua sea apta para el consumo humano. La Secretaría de Salud afirmó que, entre el 2017 y el 2018, Cofepris realizó 310 análisis microbiológicos y 249 fisicoquímicos para revisar la calidad del agua de los dispensandores; sin embargo, cuando solicitamos los resultados de esos estudios, dicha comisión respondió que no contaba con ellos y no sabía en qué instituciones se realizaron.
Esa no fue la primera observación que la ASF le hizo al programa. La anterior tuvo que ver con que la convocatoria para contratistas se hiciera pública en agosto de 2017, cuando se suponía que los bebederos tendrían que haberse instalado entre septiembre de 2016 y julio de 2017. La explicación que dio el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa para el atraso fue que “no se publicó la normativa” para la ejecución del proyecto, pese a que tenía la obligación de contar con ella a fines de agosto de 2016. En ambos reportes, la ASF pidió que se investigara a los funcionarios involucrados. Hasta el momento nadie ha sido sancionado.
Cambio de hábitos
Como señala Alejandro Calvillo, la instalación de bebederos es una medida insuficiente si no se involucra a la comunidad y se explican los beneficios de consumir agua. Esto se hizo, se desplegó una campaña de comunicación para alentar a la gente a tomar agua en vez de refrescos azucarados y a adoptar otras prácticas saludables (“Chécate, mídete, muevete” es su lema) , pero su alcance ha sido reducido y no se han medido sus resultados.
Además, dentro de la estrategia impulsada por el gobierno, se creó el programa Salud en tu escuela, que busca “fortalecer la prevención, la promoción y el cuidado de la salud” de estudiantes, padres de familia y maestros.
El primer paso fue medir la cintura y revisar el peso de los alumnos; el segundo consistió en “incentivar en los estudiantes la adquisición de hábitos saludables a través de una estrategia de cambio de comportamiento atractiva, ambientada dentro de los planteles educativos”.
>Se comenzó con un plan piloto en 13 estados de la República Mexicana. Se dijo que iban a aplicarse en 2,080 escuelas de primaria, secundaria y bachillerato en el ciclo escolar 2017-2018. Sin embargo, la Secretaría de Salud informó que se había ejecutado solo en 520 planteles de primaria. Por su parte, el sitio web Mido Escolares reportó que se llegó a 1,043 instituciones, poco más de la mitad de lo planteado.
Salud en tu Escuela es un programa de la Cofepris, al que se le destinaron 6.8 millones de pesos. Se buscó que estudiantes de 6 a 12 años consumieran más agua simple potable y refrigerios sanos elaborados en casa y que realizaran actividad física.
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Para esto, se desarrolló una campaña bautizada como Salón de los Campeones, que se apoyó en el concepto de los superhéroes y recurrió a materiales de comunicación y a actividades lúdicas para promover comportamientos saludables. Las actividades propuestas incluían sopas de letras y hojas para colorear. Además, se repartieron cómics con historias que alentaban a beber agua potable, a practicar deporte y a comer más verduras y frutas y menos alimentos con alto contenido de azúcar o de grasa. Se entregaron calcomanías con imágenes alusivas a estas historias y postales con recetas de refrigerios que podían preparar por sí mismos.
En las escuelas se instalaron carteles que reforzaban los mensajes clave. “Lo que hace un campeón” y “¿De qué se alimenta un campeón?” fueron dos de sus títulos. Sin embargo, no se conocen evidencias de que estas actividades hayan modificado conductas o hayan contribuido a mejorar la salud de los alumnos.
Lo que sí se conoce es que permitió a los fabricantes de alimentos y de bebidas con bajo valor nutrimental figurar en los esfuerzos por incentivar el ejercicio físico.
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En 2018, se puso en marcha Jugamos Todos, un programa a cargo de la Federación Mexicana de Fútbol que se realizó durante 35 días en cien escuelas de Ciudad de México. El programa contó con el apoyo de The Aspen Institute, Mexicanos Activos y el Movimiento por una Vida Saludable. Todas estas son organizaciones vinculadas a la industria.
Nada nuevo: las puertas de las escuelas están abiertas para la industria. Bajo el argumento de que hay un compromiso por promover la actividad física se organizan ocasionalmente torneos deportivos para los estudiantes, los cuales suelen ser patrocinados por refresqueras o productores de pastelillos. Así, mientras los alumnos se ejercitan, ven publicidad de alimentos chatarra.
Desde 2015, la Ley General de Salud prohibe “la publicidad de alimentos y bebidas con bajo valor nutricional y alta densidad energética, dentro de los centros escolares” (artículo 301). No obstante, es habitual encontrar anuncios de esta clase de productos al interior de las escuelas. Algunas de ellas permiten la publicidad en sus paredes porque de ese modo se evitan el gasto de pintarlas.
Bombardeo publicitario
En México también se han establecido regulaciones a la publicidad dirigida a niños en la televisión; y también en este caso su eficacia resulta dudosa. Desde julio de 2014 están prohibidos los anuncios televisivos de productos para niños y niñas de lunes a viernes entre las 14:30 y las 19:30 horas. Los sábados y domingos la restricción se inicia a las siete de la mañana.
Sin embargo, un estudio realizado en 2017 por la Alianza por la Salud Alimentaria –una red de organizaciones y de profesionales preocupados por la epidemia del sobrepeso y la obesidad en México– confirmó los límites de la restricción: los niños ven televisión hasta las diez de la noche y aquellos menores que estudian por la tarde quedan desprotegidos, pues se ven expuestos toda la mañana a anuncios de comida chatarra.
Que la publicidad eluda las barreras y alcance a los niños mexicanos debiera preocuparnos si tomamos en serio el criterio de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En mayo de 2010, los estados que conforman este organismo aprobaron recomendaciones orientadas a reducir la exposición de los niños a la publicidad de alimentos y bebidas.
“Muchos datos muestran que la publicidad televisiva influye en las preferencias alimenticias y las pautas de consumo de la población infantil”, escribió en esa oportunidad Ala Alwan, subdirector general de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental de la OMS. Y sucede que los anuncios de alimentos y bebidas dirigidos a niños se centran precisamente en productos ricos en grasas, azúcar o sal, advierte esta institución.
Cifras confusas
La falta de transparencia (o, quizá, la falta de mediciones de impacto y efectividad) hace difícil evaluar los frutos de la estrategia contra el sobrepeso y la obesidad. Se sabe, sin embargo, que en cuatro años se gastaron en total 2,088 millones de pesos en campañas de comunicación. El foco de estas campañas estatales estuvo en alentar la actividad física.
Solicitamos a la Secretaría de Salud (SS) detalles de los indicadores de logro de estas intervenciones. En su respuesta, se nos aseguró que se cumplieron el cien por ciento de las metas previstas, pero no precisó cuáles fueron estas. Sobre lo alcanzado, la SS informó que se realizaron 354 mil eventos para promover una alimentación correcta y otros 331 mil eventos para fomentar la práctica de deporte. Es todo lo que puede mostrar.
La opacidad afecta a la estrategia en su conjunto. Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los 146,577 millones de pesos erogados entre 2014 y 2018 se destinaron a programas referidos a la prevención, el tratamiento, el control y el combate de la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónico-degenerativas relacionadas con estas condiciones, así como al incremento en la cobertura de los servicios de agua potable en zonas rurales y a la instalación de bebederos en escuelas públicas.
Sin embargo, en las cifras proporcionadas por dicha secretaría no se precisa cuánto de los fondos corresponde a la lucha contra los males asociados al peso en programas como “Atención a la salud”, “Prevención y control de enfermedades” y “Reforma educativa”. Este último rubro, por ejemplo, involucra también la capacitación a maestros y el equipamiento de escuelas.
Una nueva oportunidad
Algo queda claro: el sobrepeso y la obesidad, que recortan la calidad y las expectativas de vida de millones de niños y jóvenes, son un problema que debe enfrentarse con mayor decisión.
“Lo primero que hay que reconocer es que lo que hemos estado haciendo no ha funcionado. La obesidad es un problema de salud, el más importante desde el punto de vista epidemiológico; está causando problemas muy serios, aumenta la incidencia de diabetes, de enfermedades cardiovasculares, y el Estado no puede lavarse las manos”, dice José Luis Rosado Arias, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.
Alejandro Calvillo tiene palabras aun más fuertes. Para él, la estrategia ha sido “un desastre, una simulación”, y el principal escollo a salvar es la influencia de la industria de los alimentos procesados y las bebidas azucaradas, a la que se la ha permitido intervenir en el diseño de las regulaciones.
“Hay un contubernio total de los funcionarios con los miembros de la industria”, dice Calvillo, quien insiste en que se debe eliminar el conflicto de interés en todo el ciclo de las políticas públicas, desde su diseño hasta su evaluación.
El doctor Simón Barquera, director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, también critica la forma en que se ha abordado el asunto hasta el momento. Según explica, al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto los investigadores presentaron información y recomendaciones, sustentadas en la literatura científica internacional, para lograr el máximo impacto con las políticas contra la obesidad y el sobrepeso; sin embargo, las medidas “no se implementaron o se implementaron mal o se dejaron de seguir”.
En resumen: “Se perdió toda una administración, se perdieron seis años”, sostiene el médico.
Barquera espera que la gestión de Andrés Manuel López Obrador tome el toro por las astas. Que proteja a los niños de la publicidad de comida chatarra. Que mejore la disponibilidad de agua. Que implemente un etiquetado de los productos envasados que ayude realmente a los consumidores a tomar buenas decisiones.
“Además de eso, habría que revisar el sistema alimentario, porque si uno está subsidiando alta fructuosa, maíz, azúcar, todos los insumos de los alimentos chatarra, estamos subsidiando equivocadamente. Deberíamos subsidiar alimentos saludables”, dice. Para revertir la epidemia de las enfermedades crónicas, se deben remover los estímulos que llevan a la gente a alimentarse mal.
Este reportaje forma parte de la serie “La salud en la mesa del poder” de la plataforma colaborativa Salud con Lupa, impulsada por Centro Internacional para Periodistas (ICFJ).
