La comunidad científica critica la falta de lógica y coherencia en la argumentación para desaparecer estos instrumentos financieros
“Era difícil superar el triste papel que ya había hecho la cámara de diputados, pero los senadores lo hicieron bastante peor”, dice David Romero, presidente de la Sociedad Mexicana de Bioquímica, con respecto a la extinción de los 109 fideicomisos que fue aprobada esta madrugada por 61 votos contra 56 en sesión cerrada de Cámara de Senadores.
“Es triste ver a una Cámara de Senadores que se cierra por completo a escuchar razones”, agregó.
Para Brenda Valderrama, presidenta de la Academia de Ciencias de Morelos, tanto la sesión de anoche como las declaraciones que se dieron en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, fueron “un entramado de falacias”.
Una de estas falacias, dice, fue partir “de una acusación de corrupción en los fideicomisos; sin embargo, por lo menos en los de ciencia, no hay una sola evidencia, no han podido meter ni una sola denuncia”.
“Es muy fácil hacer el juicio en redes con una tribuna diaria y no tener una prueba de ello”, comenta el físico y coordinador del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM Alejandro Frank.
“Al menos los fideicomisos de ciencia -añade Valderrama- tenían, todos, órganos de control, reglas y manuales de operación y eran fiscalizados por la ASF, todos tenían que presentar informes financieros auditados anuales. No te garantizo que no haya habido corrupción en todos estos años, lo que sería muy difícil es que no hubiera sido detectada”.
“Lo que estuvimos diciendo por meses”, dice Olivia Gall, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, “es que si hay un fideicomiso que realmente tenga corrupción, hay que investigarlo, fincar responsabilidades claras, con nombres. El problema no sería el fideicomiso, sino las personas que lo estaban conduciendo… Nadie estaba de acuerdo en proteger ningún tipo de corrupción, ese no es el punto”.
Lo peor, coinciden los científicos, es que se extinguieron los fideicomisos, “pero no se propusieron alternativas”.
Torpeza y afán de poder
“Estamos viendo que hay un afán de centralización extrema del poder y de los recursos en el gobierno federal” dice Olivia Gall, politóloga e investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM.
“Lo que vimos -comenta Romero- fue un poder legislativo sometido a las opiniones del presidente y utilizando una mayoría como no debiera de hacerse en una democracia. Es función de una mayoría escuchar y consensuar. Ese es su poder; bien usado puede servir para hacer una sociedad más unida para un objetivo común, mal usado profundiza la polarización.
Por otra parte, señala Valderrama, “no solamente fueron los fideicomisos, se desapareció completo el sistema de fondos, al derogarse la sección 4 de La Ley de Ciencia y Tecnología… La cual daba sustento jurídico y forma al sistema nacional de fondos”.
Lo que significa, explica, es que Conacyt se queda sin fondos para hacer convocatorias y sin reglas de operación para los mismos. “Se regresa al Conacyt de 1985… cuando solo daba becas”.
Sobre las acusaciones que hizo la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez Buylla, “sorprende la superficialidad del análisis, porque uno esperaría que hubiera antecedido a la iniciativa, pero evidentemente no fue así” dijo Romero.
Agregó que fue un error mencionar el Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) “como si fuera un fideicomiso, cosa que jamás ha sido“. Cabe añadir que las acusaciones de que el PEI se utilizó “para desviar recursos” a empresa nacionales y transnacionales es algo que Álvarez-Buylla señaló desde el inicio de su administración pero sobre lo que hasta la fecha tampoco ha levantado denuncia alguna.
“Además, habla de las empresas como entes satánicos a los que no hay que apoyar”, dijo Romero, y señaló que son fundamentales para que haya un ecosistema sano de innovación, que requieren estímulo y qué incluso en la propia administración de Álvarez-Buylla “se otorgan estímulos fiscales a empresas… es un doble discurso”.
Añade que parte del dinero no es de origen federal. “En el caso de los centros públicos de investigación hay una contribución por recursos autogenerados y otra por financiamiento de terceros”. En el caso de los fondos mixtos “tienen una participación estatal, cualquier intento de requisa sería desistido. Ya los gobernadores de la alianza federalista anunciaron que harían acciones legales en ese tema”.
Por su parte, en un comunicado, Julia Tagüeña, ex coordinadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), comentó sobre las acusaciones que le hizo Álvarez-Buylla que “es falso que con los recursos entregados por parte del FOINS a cargo de CONACyT se haya adquirido un inmueble y otros gastos diversos”, y que la compra del inmueble destinado a las oficinas del FCCyT fue adquirida mediante recursos autogenerados”.
También señaló que lo que aquí se manifiesta así ha sido reconocido por un Juez Federal en la sentencia definitiva del juicio de amparo 1440/2019, estando la actual Directora del CONACyT en violación e incumplimiento a la orden judicial concedida en la suspensión en dicho juicio”.
La disyuntiva
“Me parece que se ha mostrado ignorancia y falta de ética al, de un plumazo, terminar con los pocos mecanismos que existían para apoyar a la ciencia, la tecnología y a muchas otras causas como los derechos humanos, el cine y la cultura en general”, señala Frank.
“Estos sectores apoyaron en su gran mayoría, estoy seguro, a la esperanza de una nueva visión de la educación, de la ciencia de la cultura para el pueblo, para paliar las enormes diferencias, la inequidad que hay en este país”…
“Es falta de ética o ignorancia -se corrige Frank sobre las acciones del Presidente y del Legislativo-. Tienen que decidir cuál de las dos, porque si sí saben lo que hicieron es falta de ética, y si no saben es ignorancia. Es una vergüenza”, concluye.
